Casi al final del año preelectoral, nos llega una noticia positiva del señor gobernador. Aunque llega un poco tarde, pues lo importante o medular es lo que se aprobó hoy. Me refiero a la aprobación de cuatro proyectos que buscan proteger a las víctimas de crímenes en el país.
El siguiente fragmento es parte del artículo del periódico, El Nuevo Día (27 de diciembre de 2011):
El gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 3635, que permite a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) a cobrarle a los imputados por el uso y gastos mensuales de sistemas de monitoreo electrónicos (grilletes y GPS).
De acuerdo a la medida, eso permitirá financiar un mayor uso de esa tecnología para así monitorear al imputado y hacer valer cualquier orden de protección en su contra. Actualmente, el costo del GPS es de 9.25 diarios y del grillete tradicional es de 2.84 al día.
Fortuño también anunció las enmiendas al Código de Procedimiento Criminal que garantizan un proceso criminal más efectivo y ágil, que atienda las nuevas modalidades criminales y proteja a las víctimas.
Una de las disposiciones bajo esa medida establece que los jueces tendrán que imponer grilletes a los acusados de asesinato, narcotráfico, venta de armas, violencia doméstica (cuando la víctima reciba daño corporal), y en delitos graves que se utilicen armas.
Además, las enmiendas dan más poder a los fiscales para llevar los casos y evitar que se caigan por tecnicismos legales. De manera de ejemplo, se hace más riguroso el proceso para alegar incapacidad mental del acusado y se aclara que dicha incapacidad mental tendrá que ser probada y determinada por el juez mediante preponderancia de la prueba.
Fortuño también firmó un proyecto que reglamenta los celulares prepagados, mediante la creación de un registro obligatorio bajo la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
“Esta medida nos permitirá prevenir, considerablemente, que los teléfonos prepagados continúen siendo utilizados por delincuentes, de manera impune, para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos haciéndoles creer que le han secuestrado un familiar para robarle dinero”, añadió el mandatario.
De acuerdo a la medida, eso permitirá financiar un mayor uso de esa tecnología para así monitorear al imputado y hacer valer cualquier orden de protección en su contra. Actualmente, el costo del GPS es de 9.25 diarios y del grillete tradicional es de 2.84 al día.
Fortuño también anunció las enmiendas al Código de Procedimiento Criminal que garantizan un proceso criminal más efectivo y ágil, que atienda las nuevas modalidades criminales y proteja a las víctimas.
Una de las disposiciones bajo esa medida establece que los jueces tendrán que imponer grilletes a los acusados de asesinato, narcotráfico, venta de armas, violencia doméstica (cuando la víctima reciba daño corporal), y en delitos graves que se utilicen armas.
Además, las enmiendas dan más poder a los fiscales para llevar los casos y evitar que se caigan por tecnicismos legales. De manera de ejemplo, se hace más riguroso el proceso para alegar incapacidad mental del acusado y se aclara que dicha incapacidad mental tendrá que ser probada y determinada por el juez mediante preponderancia de la prueba.
Fortuño también firmó un proyecto que reglamenta los celulares prepagados, mediante la creación de un registro obligatorio bajo la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
“Esta medida nos permitirá prevenir, considerablemente, que los teléfonos prepagados continúen siendo utilizados por delincuentes, de manera impune, para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos haciéndoles creer que le han secuestrado un familiar para robarle dinero”, añadió el mandatario.
Sostuvo que actualmente esos teléfonos no están registrados por las distintas compañías, lo que imposibilita que las autoridades puedan rastrear al dueño de la misma en caso de un incidente de extorsión.
La información del registro a crearse estará únicamente disponible a las agencias del orden público que así lo soliciten, en caso de que realicen una investigación sobre la comisión de un delito, se presente una querella policíaca o exista una orden emitida por un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico.
Igualmente, el primer ejecutivo firmó el plan de reorganización del Departamento de Justicia que se enfoca en propiciar mayores convicciones en menos tiempo, a la vez que se protegen a las víctimas.
Fortuño señaló que uno de los cambios más significativos es la creación de una nueva Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito.
La nueva Oficina podrá autorizar y conceder pago de compensación a víctimas y ofrecerle apoyo para lidiar con el trauma. Esto incluirá servicios de intervención en crisis, orientación, referidos expeditos a agencias gubernamentales y familiarización con el sistema de justicia criminal.
La reorganización también contempla la ampliación de los beneficios y compensaciones a víctimas incluyendo: $1,000 para limpieza de escena de crimen (antes no contemplado en ley); $3.500 para gastos de relocalización; cuantía por pérdida de sustento (antes sólo se concedía pérdida de ingreso); y $1,000 por reclamante para gastos de servicios psicológicos y psiquiátricos (antes era sólo 1.000 por núcleo familiar).
No todas las noticias e informaciones que involucren al gobernador de PR deben ser negativas o culpatorias. Yo creo en la inclusión y en la cohesión social democrática. Se tiene que decir lo bueno y lo malo.
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